El sábado pasado más de medio millar de docentes de toda la provincia participaron del Congreso Político Pedagógico: La inclusión para garantizar el derecho social a la educación en la escuela pública en el marco de una cultura nacional y popular. Hacia una escuela inclusiva para construir igualdad y justicia social, que cada dos años realiza la UTELPA. El mismo tuvo como propósito intercambiar experiencias y evaluar cómo impactan las políticas educativas al interior de las escuelas. En tal sentido, se organizaron comisiones para analizar la Educación Sexual Integral, la Formación Docente, la Inclusión, la Evaluación, el Papel del Estado y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

De las mismas surgieron una serie de preocupaciones comunes que refieren al divorcio que existe entre el sentido de las políticas educativas y las condiciones materiales para que la mismas se hagan efectivas. En tal sentido, se elaboraron una serie de propuestas, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

• Fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) en clave de género y de derechos humanos, acompañando a lxs docentes y trabajando con las familias.
• Consolidar la ESI en los Institutos de Formación Docente como espacio curricular y como contenido transversal.
• Desburocratizar la labor docente y de los equipos de conducción. Es necesario avanzar en la digitalización de los procesos administrativos y alivianar a las escuelas del tiempo que hoy les ocupa. Declaraciones juradas, SAGE, inscripciones en los tribunales, otros.
• Ampliar sustantivamente los espacios y tiempos institucionales para revertir la dinámica fragmentada y atomizada que hoy permea la organización del trabajo docente, la organización curricular y la organización institucional.
• Romper con la representación de que todo tiempo pedagógico es tiempo frente a alumnos. La formación permanente, la planificación, corrección y evaluación en proceso, el trabajo colaborativo entre pares, la atención a padres, la elaboración del Proyecto Institucional debería formar parte de la jornada de trabajo. A tal efecto, debe brindarse al trabajador de la educación tiempos institucionales para llevar adelante estas tareas.
• Entender que la Formación Continua es constitutiva del trabajo docente y parte de su jornada laboral; en tal sentido, debieran contemplarse tiempos específicos en el período anual de trabajo y espacios colectivos de realización.
• Reponer el PNFP; existe un reclamo unánime para reponer el sentido político del PNFP, porque está centrado en la escuela y conducido por los directores y docentes de la misma institución. Además, porque reconoce que los trabajadorxs producen un conocimiento y generan las condiciones para que se pueda sistematizar ese conocimiento y también porque permite mirar la realidad de cada una de las escuelas y de su contexto y generar acciones para intervenir en la misma.

• Reivindicar el PNFP es una instancia más que interesante para adecuar las políticas educativas y, eventualmente, retroalimentar a todo el sistema para la revisión y ajuste de las políticas educativas implementadas.
• Generar un Programa de Formación Docente en Ejercicio creando las condiciones para una formación que se sostenga en el tiempo, con encuentros de carácter presencial, trabajo colectivo y que tenga relación con situaciones educativas de la institución.
• Reponer la evaluación institucional y participativa entendida como un proceso integral, formativo.
• Rechazar las evaluaciones estandarizadas, meritocráticas, punitivas, que no contemplan las condiciones de vida del estudiante evaluado ni el involucramiento de lxs docentes en su diseño e implementación.
• Fortalecer e integrar las políticas de inclusión entre todas las direcciones de nivel atendiendo a una real llegada a las escuelas.
• Ampliar el espacio y el tiempo que lxs docentes de apoyo a la inclusión destinan al nivel secundario. Repensando la distribución de los equipos, creando más cargos.
• Repensar los puestos de trabajo existentes, creando nuevos y organizándolos de acuerdo a las necesidades del sistema, de manera de garantizar el derecho social a la educación: auxiliares docentes, preceptores, parejas pedagógicas, asesores pedagógicos, referentes tecnológicos, profesores horas cátedras, directores de nivel inicial. Especialmente romper con el puesto de trabajo de profesor "taxi", cargos compartidos entre instituciones y/o alternado. Promoviendo la concentración horaria que permita la pertenencia, construcción colectiva y el compromiso de los docentes.
• Recuperar el sentido pedagógico del programa "conectar igualdad" y atender a la importancia de la conectividad en las escuelas y de los recursos educativos que contemplaba el programa.
• Recuperar el sentido político pedagógico de los programas socioeducativos que fortalezcan las trayectorias educativas que mejoren los vínculos de la escuela, la comunidad y las familias.
• Repensar el nivel secundario para mejorar las posibilidades de ingreso, permanencia, egreso y reingreso mediante la habilitación de espacios y una organización institucional flexible.
• Garantizar las jornadas institucionales fijadas mediante acuerdo paritario, generando condiciones para que todos lxs docentes puedan participar de la misma posibilitando el encuentro, permitiendo la construcción colectiva del proyecto institucional y de autoevaluación formativa, integral y participativa.
• Profundizar y jerarquizar el trabajo de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo (COMISSET). Garantizando el cumplimiento de los doce puntos de las condiciones mínima de infraestructura fortaleciendo la formación docente en ejercicio de los equipos de conducción. La especial problemática de la movilidad como condición de trabajo (transporte, estado de la ruta o calles, combustible, otros).

• Trabajar sobre la base de la prevención y para garantizar la continuidad pedagógica dando respuesta a problemáticas de licencias, certificado único, otros.
• Incrementar la infraestructura en las escuelas, mediante la construcción y mantenimiento de instituciones educativas en el nivel inicial, primario, secundario y superior garantizando el trabajo en espacio adecuados para las áreas artísticas y educación física.

Estas propuestas anteriormente detalladas deben ser consideradas de manera integrada y atravesando la dimensión institucional, curricular y de organización del trabajo. Garantizando la participación organizada de los trabajadores de la educación a través de los sindicatos. La preocupación de la que nacen es la fragmentación del sistema y el sentido que persiguen, es revertir el carácter compartimentado de nuestra educación que atentan contra la inclusión.

Todas estas propuestas requieren de la presencia de un Estado Nacional y Provincial que aseguren financiamiento y políticas públicas que pongan de manifiesto la voluntad de garantizar el derecho social a la educación y la justicia social.

Por ello valoramos la construcción política realizada en el ámbito paritario provincial logrando 143 acuerdos y reclamamos el ámbito paritario nacional además de una ley de financiamiento educativo.

Santa Rosa 24 de agosto de 2019
Secretariado Provincial