Toda muerte a manos del Estado, o con su complicidad, es un crimen contra los Derechos Humanos. Si bien en un gobierno de facto no hay forma de acceder a la justicia ya que está blindada por medio de la violencia de la fuerza, en Democracia las instituciones estatales deben garantizar la protección de los derechos y el acceso a la justicia. Por más que el Estado de Derecho sea de excepción o baja intensidad, sus procedimientos burocráticos dejarán filtrar la demanda política de pedido de justicia para las víctimas.

Ahora bien, aquí es donde se expresan los discursos de cumplimiento efectivo de derechos para todxs o, por el contrario, los discursos de odio clasistas, racistas y misóginos. Estos son la base ideológica que pretende generar una realidad paralela en la que se pueda salir de los límites de la legalidad constitucional; son los mismos discursos que circulan en las redes generando gran adhesión catártica, en los cuales se expresa todo el malestar acumulado en forma de odio contra otrxs diferentes, responsansibilizándolos de todo lo malo.

Si bien ciertos discursos están enquistados en el sentido común de las fuerzas represivas y sectores conservadores de la sociedad civil, toman una mayor dimensión cuando los medios masivos de comunicación y referentes políticos lo militan e imponen sistemáticamente dentro de las instituciones que hacen apología del delito, causando una sugestión social mayor.

Si bien los asesinatos de Lucas Verón (17 años) a manos de la policía de Capital Federal y de Elías Garay, de la comunidad Mapuche del Bolsón son hechos con características y contextos diferentes, responden a un mismo patrón. Ambos sucedieron como consecuencia de un sentido común instalado intencionalmente para que esto ocurra, y donde las fuerzas represivas o civiles se corren de la Ley para disparar y matar, creyendo que la impunidad del poder los cobijará. 

La historia popular de las organizaciones sociales nos muestra que el pueblo NO OLVIDA y que seguirá luchando por justicia hasta que haya condena firme, como ocurre con los genocidas.

Para defender el sistema democrático y nuestros derechos, será responsabilidad del Estado y las organizaciones populares construir nuevas leyes y herramientas que limiten la instalación del odio, porque es un arma que se dispara contra cualquiera y mata a miles de inocentes.