Subzona 14 II: "Eran enemigos de la Nación por pensar distinto"
Por El Diario de La Pampa
Foto: El Diario de La Pampa
Se cumplió este miércoles la segunda jornada de alegatos de las querellas. Recorren los padecimientos de las víctimas, una por una.
"L os que pensaban distinto eran enemigos de la Nación”. Se cumplió este miércoles la segunda jornada de alegatos de las querellas en el juicio de la Subzona 14 II y la frase resonó con fuerza en la sala del Colegio de Abogados, donde se juzga a doce expolicías y dos exmilitares por secuestros, torturas y asociación ilícita por los crímenes cometidos durante la última dictadura en la provincia.
Los alegatos de las querellas se desarrollaron martes y miércoles. Pero necesitarán una tercera audiencia -dentro de dos semanas- para terminar el recorrido y pedir condenas y penas concretas para los imputados. De acuerdo a lo previsto, cerrarán los alegatos unas palabras de Raquel Barabaschi y Pinky Pumilla, dos de los querellantes y de los principales impulsores de las causas de derechos humanos en La Pampa, a pesar de la oposición de los defensores de los represores, que fue rechazada por el tribunal.
Los abogados Franco Catalani, Maximiliano Corroinca y Miguel Villagra, y Juan Resia, se turnan para exponer los 234 casos de víctimas. En las próximas jornadas, culminará el alegato de las querellas. Luego se escuchará a la fiscalía y a los abogados defensores. Como el avance de las audiencias es lento, prácticamene se descarta lleguar a la sentencia antes de fin de año.
Salvo el represor Carlos Reinhart -aún cumple la primer condena-, el resto de los imputados está en libertad o con arresto domiciliario. El exjefe de Policía de la dictadura, Luis Baraldini, no se presentó el martes en la audiencia, con un cuadro de cefalea e hipertensión. Pero este miércoles reapareció y escuchó las imputaciones junto al resto de los imputados.
Caso por caso
Este miércoles, el abogado querellante Juan Resia, antes que nada, pidió la inconstitucionalidad de los decretos que permitieron las detenciones ilegales en 1975, antes del golpe militar, y en 1976, a partir del Proceso de Reorganización Nacional. Esa normativa creó el sistema de represión ilegal contra los opositores políticos al sistema. Dijo que vulneraron la competencia asignada al Poder Judicial a través de la creación del Consejo de Seguridad, violentaron el debido proceso -por más que haya intervenido algunos jueces- permitieron detenciones ilegitimas, secuestros, torturas y asociación ilícita.
En primer lugar, Resia se refirió a las detenciones masivas a fines de 1975 de los estudiantes, docentes y autoridades que tomaron en forma pacífica la UTN de General Pico para resistir una intervención. Recordó que se los acusó de un "accionar subversivo", aunque luego resultaron absueltos en las causas judiciales que se abrieron. La mayoría fue torturada con golpes y picana eléctrica. Se los detuvo ilegalmente por segunda vez con el golpe de marzo de 1976.
El letrado responsabilizó por los secuestros y tormentos a Baraldini y Greppi -porque dieron las órdenes- y los expolicías Roberto Fiorucci y Omar Aguilera, y el militar Carlos Alfredo Sabattini (ninguno está dentro del juicio por razones de salud). En algunos casos particulares, también se imputó también a los represores Néstor Cenizo, Carlos Reinhart, Oscar "Miseria" López, Athos Reta, Hugo Marenchino, Oscar Yorio y el médico Máximo Pérez Oneto, que controló la tortura.
En segundo término, se refirió al grupo de funcionarios provinciales que fue secuestrado y torturado a partir del golpe (Santiago Covella, Juan Carlos Sánchez, Gerardo Salandra, Ricardo Samos, Alberto Santín, Aldo Cisul, Alfredo Lamas y Dante Gaute). Por estos casos, responsabilizó a Baraldini y Greppi, quienes participaron de los operativos, armas en mano. En algunos casos, agregaron a López y Marenchino.
Por los casos de los exdiputados Roberto Gil y Hermes Acáttoli –secuestrados y ferozmente torturados en la Primera y Catriló-, atribuyó responsabilidad penal a Baraldini y Greppi, y a López, Marenchino y Miguel Ochoa. Atribuyó la detención del periodista piquense Hugo Ferrari a Reta, Reinhart, Juan Domingo Gatica y Pérez Oneto, además de Baraldini y Greppi.
En un tercer bloque, se refirió a las detenciones ilegales por "subversivos ideológicos" de un grupo de pacifistas siloístas -el primer operativo de la patota de la Subzona 14-, a principios de 1975, en marzo. Acusó a Yorio, Reinhart, Reta, Cenizo, López y Pérez Oneto.
"Enemigos de la Nación"
Por su parte, en segundo turno, el abogado Franco Catalani recordó que la Policía pampeana quedó bajo la órbita de la estructura militares antes del golpe. “A partir de ese momento ya operó un estado de facto en el país. Las autoridades constitucionales recibían órdenes de los militares. Y había un grupo de tareas con una cadena de mandos cuya máxima autoridad era el jefe de la Subzona, el coronel Fabio Iriart”, dijo.
Resaltó que Baraldini participó de ese sistema desde el Batallón 601 de Inteligencia primero y a partir del golpe “en comisión” como jefe de la Policía. El grupo de tareas dependía de esos niveles jerárquicos y el responsable policial era el jefe de la Unidad Regional I, Roberto Constantino, el represor condenado en el primer juicio y ya fallecido.
En primer lugar, Catalani se refirió a 49 personas detenidas ilegalmente entre noviembre y diciembre de 1975 en la Universidad Nacional de La Pampa, y otras 14 personas que cayeron por tener relación con algunos de ellos. Dividió al grupo en tres: los cuatro miembros del Instituto de Estudios Regionales que dirigía Hugo Chumbita; los docentes, no docentes y estudiantes (entre ellos el rector Jorge Bragulat); y los secuestrados en la denominada causa Mingote (once estudiantes relacionados con la Federación de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, entre ellos el exrector Sergio Baudino).
Mencionó que estas detenciones se dispararon a partir de la intervención en la universidad, en octubre del '75, y la persecución desatada desde los sectores políticos de derecha del gobierno nacional. A algunos de los detenidos, detalló, les decían que “eran enemigos de la nación”, apuntó el querellante. “Esto prueba que perseguían a quién pensaba distinto”, reflexionó.
Responsabilizó de los delitos cometidos contra este grupo a Baraldini, Greppi, Cenizo, Reinhart y el médico Pérez Oneto (partícipe necesario).
Dentro de dos semanas Catalani reanudará el desarrollo del alegato.
Los acusados
En este juicio, el exjefe de la Policía, Luis Baraldini, está imputado por 214 casos de secuestros y torturas. El represor Carlos Reinhart responde por 35 víctimas y el exmilitar Néstor Greppi -en prisión domiciliaria en Capital Federal por el fallo del primer juicio- por 91 casos.
Otros expolicías condenados en el primer juicio son: Athos Reta -34 casos-; Néstor Bonifacio Cenizo -33 víctimas-; Antonio Oscar Yorio -31-; y Hugo Roberto Marenchino -7 casos-. Además, son juzgados por primera vez los expolicías Juan Domingo Gatica (por 26 víctimas); Oscar Alberto “Miseria” López -23-; Orlando Osmar Pérez -31-; Luis Horacio Lucero -1 caso-; Miguel Ángel Ochoa -4-; Jorge Osvaldo Quinteros -4-; y el médico Máximo Alfredo Pérez Oneto -22-.
El tribunal está compuesto por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. La querella está formada por Franco Catalani, quien patrocina a la UNLPam, Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna (falleció en medio del proceso), Rafael Guardia, Guillermo Quartucci, Graciela Bertón y al Partido Comunista; Maximiliano Corroinca, por el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos; y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi).
Como defensores actúan los abogados Pedro Mercado y Omar Cayre (Baraldini), Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez (Máximo Pérez Oneto), la defensora oficial Laura Armagno, el letrado porteño Hernán Vidal y Luciano Rodríguez.
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