UTELPA - Declaración de Cochabamba

Los sindicatos afiliados a la Internacional de la Educación en América Latina, defendemos la educación pública como un derecho social que debe ser garantizado, administrado y financiado por el Estado porque es fundamental para construir igualdad. Tomando en cuenta el proceso de privatización y comercialización de la educación que promueven la mayoría de los gobiernos de la región, sectores empresariales nacionales y transnacionales e instituciones financieras internacionales, señalamos que:

El discurso neoliberal pretende naturalizar la lógica del lucro en las políticas educativas. Por eso expresamos nuestra preocupación ante la creciente influencia de los organismos multilaterales y de los grupos empresariales, que promueven el desmantelamiento de los sistemas educativos públicos.
Muchos gobiernos, en consonancia con esta visión, insisten en convertir a la educación en un servicio transable y no un derecho. En ese contexto, no son pocos los Ministerios de Educación que terminan actuando como administradores de los procesos de privatización y desnacionalización de todos los niveles del sistema educativo.
Como parte de esto, las Naciones Unidas, la OCDE y las instituciones financieras internacionales, han incorporado las modalidades de alianza público-privado y el uso de fondos públicos para comprarle servicios a diferentes grupos privados, debilitando al sistema educativo estatal.
Esta mercantilización también se profundiza con el endeudamiento en materia de educación. Según los estudios del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) de la Internacional de la Educación en América Latina, un conjunto importante de los préstamos contraídos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que los gobiernos pagan durante décadas, cargados de intereses de deuda, se usan para contratar servicios externos de empresas privadas y otras organizaciones no gubernamentales vinculadas a éstas.
Estos grupos privados prácticamente definen, gestionan y evalúan la política educativa pública en la mayoría de los países de América Latina, pues se contratan servicios que incluyen desde el diseño de contenidos curriculares, los planes educativos y las formas de gestión educativa, así como también los modelos de contratación, los mecanismos de medición de resultados, la formación profesional docente y el diseño de estrategias pedagógicas, entre otros.
Así, el Estado, en lugar de fortalecer su rol como garante del derecho a la Educación, ve reducido su margen de acción a través de las prácticas de subcontratación y de tercerización.
Los sindicatos de la educación reconocemos la importancia del Objetivo 4 de la Agenda 2030, enfocado en Educación, especialmente en materia de cobertura, acceso y en lo relativo a que las y los docentes cuenten con todas las herramientas necesarias para llevar adelante sus procesos pedagógicos dentro y fuera del aula.
No obstante, las y los trabajadores de la educación nos oponemos a la promoción que hace la Agenda 2030 para que el sector privado participe activamente de las decisiones en materia de definición de la política educativa y de prestación de servicios, pues esto abre la puerta a la comercialización de la educación y profundiza el modelo de alianzas público-privadas.
De cara a la Agenda 2030, durante la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, los Ministerios se comprometieron a desarrollar políticas inclusivas que promovieran una educación con pertinencia, a promover condiciones adecuadas para la docencia, y que las y los profesionales en educación participaran en el diseño de las políticas educativas. También se comprometieron a enriquecer los currículos, a generar procesos de evaluación pertinentes, a aumentar los fondos destinados a la educación y a fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad de los sistemas educativos, entre otros.
Al igual que ocurrió con las metas de Jomtiem y de Dakar, los compromisos definidos en torno a la Agenda 2030 están siendo incumplidos reiteradamente porque vemos cómo los currículos se están mutilando y reduciendo desde una mirada empresarial; los sindicatos, que representan a las y los trabajadores de la educación, están excluidos de las mesas de negociación y los procesos de evaluación se reducen a la imposición de pruebas estandarizadas que son puestas en manos de grupos privados, profundizando los criterios meritocráticos y las lógicas de alianza público-privada y de comercialización.
En el contexto del avance de las políticas de libre mercado, los sectores empresariales han logrado instalar, a través de la utilización de los grandes medios de comunicación masivos, su propia concepción de lo que significa calidad educativa. Para ellos, esto sólo es posible mediante la descentralización, la privatización, el financiamiento compartido, la concesión de las escuelas, la evaluación nacional e internacional, la capacitación a los directores para que gestionen la escuela como una empresa, el diseño de presupuestos según resultados y los incentivos, entre otros.
En contraposición con esa concepción neoliberal de los grupos empresariales, los sindicatos de la educación hemos sostenido que las pruebas estandarizadas, en especial la pruebas PISA, impulsadas por la OCDE, son un hecho externo al proceso de aprendizaje. En efecto, no se orientan por criterios pedagógicos y no son un instrumento pensado para fortalecer los procesos educativos, dado que aplican los mismos instrumentos para medir resultados parciales, en contextos culturales, sociales y económicos absolutamente diversos.
Las y los trabajadores de la Educación defendemos un concepto de calidad social de la educación, que los grandes medios de comunicación y los gobiernos neoliberales tratan de denostar, alimentando el prejuicio de que los docentes nos negamos a ser evaluados. Lejos de eso, las organizaciones sindicales que representan a los docentes sostienen una calidad diversa, pertinente a cada contexto, que logre hacer de las aulas espacios democráticos, seguros, horizontales; y de los centros educativos lugares adecuados para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se trata, justamente, de evaluar al sistema educativo para promover políticas públicas definidas con la participación de los y las trabajadoras de la educación y con la comunidad educativa, para lograr una calidad social y plural de la educación pública.

Detrás de la disputa de estos diferentes modelos en los que se confrontan distintas miradas sobre la administración, la contratación docente, las propuestas curriculares y los presupuestos educativos, yace el antagonismo de modelos socioeconómicos, de nociones de desarrollo, de Estado y de democracia.
En una región como América Latina, donde el mayor desafío es cerrar la brecha de la desigualdad y promover la inclusión social, el llamado debe ser, entre otras cosas, a fortalecer los derechos. Garantizar el derecho a la educación pública es una tarea indelegable del Estado, porque es un instrumento estratégico en la construcción de sociedades más justas.
Por ello, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, surgido de los debates impulsados por la Internacional de la Educación en América Latina, hace un llamamiento a los Ministros de Educación de la región para reafirmar el insoslayable papel que debe cumplir el Estado garantizando los niveles adecuados de inversión presupuestaria que posibiliten alcanzar el objetivo 4 de la Agenda 2030 adoptada en la Cumbre de Naciones Unidas del año 2015. Si esto no fuera así y persistiera la actual tendencia que se constata en la mayoría de los países de la región a aplicar recortes sobre los distintos rubros que afectan la inversión social, estaríamos repitiendo las frustraciones que convirtieron los acuerdos de Jomtien y Dakar en un mero enunciado de loables deseos.

Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina.
Estado Plurinacional de Bolivia, 23 julio 2018