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  Lxs trabajadores insistimos nuevamente que en la próxima reunión paritaria se dé tratamiento a un viejo pedido del sector, que preocupa en demasía y es parte de la lucha en derechos que venimos llevando adelante. Estamos hablando de RESGUARDO Y REPARACIÓN.

Dicho pedido lo fundamentamos en que: El Estado está obligado a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos de toda la población, como así también ante situaciones de desigualdad estructural que nos afecten.

Como Trabajadores estamos ante una responsabilidad política pedagógica y con una función social que tiene como objetivo contribuir en la formación integral de las personas. En ocasiones nuestra actividad nos deja expuestos ante algunas injusticias, por lo que es necesario adoptar medidas de acción para desarticular cualquier falta de protección.

El resguardo de lxs Trabajadores frente a situaciones que lo coloquen en riesgo de vulnerabilidad por denuncias infundadas, amenazas, trato discriminatorio, etc., es un Derecho que debe garantizar el Estado.

Es deber del Estado promover y sostener las investigaciones sobre las denuncias que se realicen. En el caso del sistema educativo esa conducta se manifiesta en procedimientos sumariales y o penales. Bien sabemos que para lxs Docentes las investigaciones en su contra representan una obligación a la cual deben someterse conforme a las reglas del estado de derecho, pero corresponde que se nos apliquen los principios fundacionales de cualquier democracia, como lo es el principio de inocencia, el debido proceso y ejercicio del derecho de defensa.

Ese sometimiento de lxs Trabajadores de la Educación a los procesos sumariales conforme a derecho también implica que no se deben prejuzgar sus conductas.

Dentro del sistema educativo este tipo de información puede afectar tanto el derecho de los niños como el de lxs docentes, por lo que consideramos que debe establecerse un protocolo ético de responsabilidad informativo para el ámbito educativo que resguarde tanto a los niños como a lxs Trabajadores, sin exponer sus identidades, fotos o lugares de trabajo.

La nueva normativa que debe resguardar a lxs Docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica y también durante el procedimiento que derive de una investigación administrativa o judicial.
 
 
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