UTELPA - La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La lucha por el derecho al aborto: una deuda de la democracia

 

 
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  Desde el año 2005 el trabajo realizado por este colectivo ha dado fuerza y visibilidad al reclamo, y convirtiéndolo, en el debate público, como interlocutor válido del poder legislativo, judicial y ejecutivo, e instalando el tema en la agenda política como eje fundamental al momento de evaluar la calidad de nuestra democracia. Un recorrido desde sus orígenes y hasta nuestros días.  
   
  Por Martha I. Rosenberg1 y Elsa L. Schvartzman 2  
   
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  La historia de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina tiene décadas, durante las que hubo momentos de diferente visibilidad, reconocimiento, amplitud o encierros en los núcleos más duros de la resistencia feminista. Esto implicó mayor o menor articulación e integración con nuevos actores. Hasta hace relativamente pocos años, las mujeres sólo lo practicaban/mos en soledad y en voz baja. En la demanda pública del aborto legal, en conjunción de voces y acciones, hemos transitado de una decisión individual de resistencia al orden establecido, hacia una lucha que nos constituye como sujeto de derechos que pueden exigir justicia.

La problemática del aborto abre un lugar de enunciación en el que se disputa el sentido de la vida de gran cantidad de mujeres que recurren a su práctica, muchas a pesar de un discurso consciente que avala el carácter criminal, pecaminoso y, por supuesto, ilegal del aborto. Para estas mujeres es un campo en donde la práctica configura una subjetividad totalmente disociada y condenada al más absoluto secreto. Al mismo tiempo, lo performativo del acto, la toma de decisión, el alivio o el dolor obtenido en su consumación, convocan a la subjetivación de una libertad que tiene consecuencias en los vínculos ascendentes, descendentes y horizontales (por llamarlos de alguna manera). Entonces: siempre enfocamos el aborto como acto de un sujeto. Una mujer que aborta se apropia de lo que le pasa o le pasó, es decir, de un embarazo involuntario, no deseado o incompatible con su vida. Y esta necesidad de las mujeres de autocontrolar su fertilidad (potencial o realizada) se incluye en el concepto de necesidades radicales, en el sentido de Marx, o de Agnès Heller: son las necesidades humanas que no pueden ser satisfechas sin cambiar de raíz todas las relaciones sociales de un sujeto. Es decir, no es cuestión de artículos del Código, sino que es una acción que cambia profundamente todas las relaciones sociales, cambia la posición del sujeto, la manera en que se gestiona y regula esta sucesión de las generaciones, mediada por la heterosexualidad y su normatización mediante el refuerzo de los estereotipos de género. La práctica del aborto es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres que se lo practican no siempre tengan conciencia de que están resistiendo y desafiando la identidad maternal prescripta como la identidad esencial del género femenino. Marca el surgimiento de un sujeto político dispuesto a defender esta identidad de mujer que recurre al aborto, como una identidad posible de ser legitimada en el campo de los derechos.

Los efectos sociales, económicos y políticos de la crisis de diciembre de 2001 marcan una inflexión en la ya larga historia del movimiento por el derecho al aborto en la Argentina. A partir de la movilización generalizada de los sectores afectados por la desocupación y la pobreza extrema, y de sectores medios expropiados de sus ahorros por la devaluación/desdolarización de la economía, se genera un aumento de la participación de las mujeres en las protestas y en la gestión de la pobreza: las mujeres más pobres son protagonistas en manifestaciones, comedores comunitarios, reclamos a las autoridades y a los supermercados. Se organizan para sobrevivir y se movilizan también para conseguir anticonceptivos y condones. De las asambleas populares y barriales surgen voces que defienden los derechos de las mujeres. El 30 de octubre de 2002 el Congreso aprueba la ley 25.763 de Salud Sexual y Procreación Responsable que obliga a los servicios públicos de salud y las obras sociales a dar información y proveer acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a toda la población que lo solicite. En las movilizaciones participaron muchísimas mujeres de sectores populares, que venían siendo pilares de su grupo familiar. Si bien la desocupación afectó más al sector industrial, y fue predominantemente masculina, las mujeres salían a “parar la olla” con trabajos informales, precarios, mal pagos. Pero también protestaron en las rutas, en las manifestaciones callejeras, las asambleas barriales, en los pueblos. Fue en esos ámbitos en donde se extendieron y se escucharon las reivindicaciones que llevábamos adelante las feministas.

Una particularidad del movimiento en la Argentina es que desde hace 23 años se realizan anualmente los Encuentros Nacionales de Mujeres, iniciados por núcleos de mujeres feministas, que han llegado a ser masivos. En 2003 se realiza una asamblea por el derecho al aborto en el 18º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) de Rosario, a propuesta de la Asamblea por el Derecho al Aborto de Buenos Aires. Se reúne en este ENM el primer Taller de Estrategias para el Derecho al Aborto y la multitudinaria marcha del ENM con el lema “Por el derecho a decidir”, “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. El 29 de mayo de 2004, el grupo Estrategias por el Derecho al Aborto, formado en ese momento por la Comisión por el Derecho al Aborto; el Foro por los Derechos Reproductivos; Mujeres de Izquierda; Democracia Avanzada; la Central de Trabajadores de la Argentina y feministas independientes, organiza en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA un Encuentro Nacional sobre Estrategias por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, implementando iniciativas surgidas del 18º ENM de Rosario, al que concurrieron más de 120 personas. Este grupo comienza en noviembre de 2004 a recolectar firmas en la esquina del Congreso nacional. Lo mismo se hace en Rosario, Córdoba y algunas localidades del conurbano bonaerense. El 14 de febrero de 2005 el ministro de Salud y Medio Ambiente de la Nación declara en un reportaje en el periódico Página 12 que es partidario de la despenalización del aborto para resolver la alta mortalidad materna, cuya primera causa en nuestro país son las complicaciones post-aborto. Estas declaraciones reciben respuesta inmediata de la Iglesia, cuyo obispo castrense, monseñor Baseotto, lo amenaza con el castigo bíblico a los que “escandalizan a los pequeños”: ser arrojado al mar con una piedra de molino”. En el imaginario argentino, esto alude a los vuelos de la muerte de la dictadura militar, a los cuales Baseotto no es ajeno. El día 12 de abril el grupo “Estrategias…”, con el apoyo de 44 grupos y organizaciones de diversos lugares del país y personalidades del arte y la cultura, realiza una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que informa la realización de una campaña nacional de recolección de firmas por el aborto legal, seguro y gratuito, desde el 28 de mayo hasta el 28 de septiembre. Se anunció también una reunión de articulación nacional a la que se sumaron numerosas asociaciones y que tuvo lugar en Córdoba el 14 de mayo, coordinada por la organización Católicas por el Derecho a Decidir. El 9 de mayo del mismo año el ministro G. González García impartió directivas a todos los hospitales del país para que las mujeres que ingresaran por complicaciones de aborto fueran tratadas con confidencialidad, recibieran contención sin prejuicios y egresaran con un anticonceptivo entregado. Es la primera vez que desde el Estado se reconoce la morbimortalidad por el aborto clandestino como un problema de salud pública y de justicia social y que el ministerio nacional se compromete a darle solución en el marco del derecho a la salud y los derechos humanos.

Desde el año 2005 la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha dado fuerza, visibilidad y organización plural al trabajo histórico realizado por cada sector involucrado. Esta articulación logró posicionar a la Campaña en el debate público como interlocutora en reclamos al poder legislativo, judicial y ejecutivo, diálogos con los movimientos sociales, los partidos políticos, los efectores de salud, las universidades. Cada vez más convocada y reconocida, fue convirtiéndose en un actor social insoslayable en el momento de tomar posición, recuperar la historia, promover la conquista de nuevos derechos y exigir el cumplimiento de los ya vigentes, aunque muchas veces negados. En la declaración inaugural dijimos: “La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”.

Desde hace nueve años la Campaña es asumida y sostenida por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 300 organizaciones de todo el país, numerosas personalidades vinculadas al movimiento de mujeres y otros movimientos sociales, organismos de derechos humanos, consejos universitarios y organizaciones del ámbito académico y científico, efectores de salud, redes campesinas y de educación, organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, sindicatos, fábricas recuperadas, agrupaciones estudiantiles. Articula acciones comprometidas en la defensa de la integralidad de los derechos humanos, y el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres, cuyo principal objetivo es despenalizar y legalizar el aborto por decisión de la mujer. El lema –así como el trabajo en todos estos años– es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Implica realizar modificaciones legales y en los sistemas de educación, salud y, por supuesto, profundos cambios culturales. La hipocresía del ocultamiento fundamentado en una supuesta inmadurez social que posterga y pretende invalidar la exigencia de nuestros derechos es intolerable. Uno de nuestros logros es el reconocimiento de que “la sociedad está madura”. El derecho al aborto es efectivamente un tema actual de debate. Las distintas posturas están expresadas, pese a la oposición y manejos de poderosos sectores políticos conservadores que retrasan la discusión parlamentaria, desconociendo nuestras demandas de equidad de género y justicia social.

El derecho al aborto seguro supone el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte sustancial interdependiente e indivisible de los derechos humanos. Merece el mismo grado de garantías del Estado para ejercerlo que los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Actualmente el acceso a un aborto seguro es un privilegio de las mujeres que tienen los recursos económicos y simbólicos para obtenerlo en el mercado clandestino, ampliado y complejizado desde la provisión de abortos quirúrgicos onerosos hasta incluir la solidaridad entre mujeres para la práctica del aborto medicamentoso. Es otro aspecto en que el Estado delega el cuidado de la salud y la vida en el trabajo no remunerado y solidario de las mujeres. Hemos señalado que es mucho más costoso atender las complicaciones del aborto clandestino que evitarlas a través de políticas preventivas y de la inclusión del aborto legal en el hospital público. La clandestinidad del aborto lo ubica en el espacio privado regulado por el acceso diferencial de las mujeres a las riquezas económicas y culturales según su clase social: reproduce los privilegios de las clases altas y las privaciones de las bajas. Legalizarlo visibiliza para toda la sociedad que, aunque sus protagonistas sean las mujeres, es una responsabilidad común de equidad de género y justicia social poner a su disposición la tecnología necesaria para la defensa de su vida y la libertad de sus decisiones. Por eso decimos que la legalización del aborto es una deuda de la democracia. La garantía de acceso a este derecho exige la plena vigencia de un Estado laico que no imponga reglas desde una teología moral, que ejecute políticas públicas para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes no las tienen; que descanse en la soberanía popular y no en un poder emanado de creencias religiosas que legisla en nombre de dios y de lo supuestamente sagrado.

En el año 2007, fruto de un amplio debate dentro de la Campaña, se logra sintetizar y exponer nuestros argumentos en un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado ese año por primera vez, donde se establece principalmente la despenalización y legalización del aborto voluntario, es decir, por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación y, fuera de este plazo, en los casos de violación, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones fetales graves (ver http://www.abortolegal.com.ar/).

En todos estos años se fue construyendo un creciente apoyo de la sociedad y de amplios movimientos sociales y políticos, así como el tratamiento público en algunos medios de comunicación y la adhesión de referentes de las ciencias sociales, la política, el arte y la cultura. En marzo de 2010 fue presentado por cuarta vez en la Cámara de Diputados, con más de 60 firmas de diputadas y diputados provenientes de la casi totalidad de los bloques partidarios.

El 30 de noviembre de 2010 se convoca por primera vez desde la Comisión de Legislación Penal a una jornada de discusión. Fue invitada la Lic. Marianne Mollman, representante de Human Rights Watch, quien inaugura la discusión en el ámbito del Congreso Nacional haciendo hincapié en la clandestinidad del aborto como causa del problema de salud pública que ocasiona muertes y enfermedad.

El 13 de julio de 2011 participa en una nueva jornada la Lic. Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aportando fundamentos jurídicos que aclaran posiciones en relación con el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres y que son reproducidos por la prensa.

El 1 de noviembre de 2011 se discute en la Comisión de Legislación Penal –la primera de las tres por las que debe pasar el proyecto de IVE– y se llega a un dictamen favorable que fue inmediatamente impugnado. Esta anulación por falta de quórum se sustentó en una sumatoria de impugnaciones controvertidas y la ausencia de integrantes de la comisión que, aunque firmantes del proyecto, no se presentaron para defenderlo, lo que frustró nuevamente el avance en el debate legislativo. Paradójicamente, este fracaso coincide con el crecimiento sostenido de apoyos y adhesiones.

Se logran por primera vez resoluciones de adhesión al proyecto de IVE de los consejos superiores de nueve universidades nacionales y once consejos directivos de facultades y departamentos de esas universidades.

“Aborto legal, una deuda de la democracia”, se tituló la solicitada publicada el 8 de abril de 2011 en diarios de tirada nacional, provinciales y revistas, retomada en diferentes medios. Esta solicitada surge de los compromisos tomados en la reunión que convocó la Campaña el 19 de febrero de 2011, en la que participaron numerosos grupos sociales, políticos, centrales sindicales, referentes de la cultura, académicos, consejos superiores de distintas universidades nacionales, organismos de derechos humanos (http://www.abortolegal.com.ar/?p=1108-).

Es decisivo el fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 13 de marzo de 2012, que establece la correcta interpretación del art. 86 del Código Penal sobre la no punibilidad de los abortos a pedido de la mujer ante cualquier caso de violación y exhorta a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a formular protocolos de atención que garanticen políticas de salud que pongan fin a la discriminación que sufren las mujeres, cuando se impiden los abortos permitidos por ley.

Como Campaña, nos sumamos al debate de las reformas integrales del Código Civil y Comercial y del Código Penal, planteadas por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Nos preocupa el acuerdo expreso manifestado por los integrantes de la comisión para la reforma del Código Penal con la convocatoria que excluye de esta reforma integral el tema del aborto. Un pronunciamiento de la Campaña (http://www.abortolegal.com.ar/?m=201311) fija posición sobre algunos de los artículos de la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. La Campaña sigue luchando para que se aplique efectivamente, sin judicialización ilegal, el artículo 86 del C.P. según la interpretación definitivamente establecida en el mencionado Fallo FAL de la CSJN. Para que se dé carácter de resolución ministerial a la Guía de Atención de Abortos No Punibles, se cumplan los protocolos provinciales acordes al Fallo FAL y los programas de salud sexual y reproductiva que incluyan consejería pre y post-aborto. Para que en todo el país tenga plena vigencia y aplicación la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ley 26.150): para que nuestros derechos no sean papel mojado.

Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo deberá ser presentado por quinta vez este año, al perder nuevamente estatus parlamentario, pese al consenso social ganado y las sesenta firmas de diputadas y diputados de un amplio espectro político que lo avalaron en el período anterior. La legalización del aborto está en la agenda política como tema en el que se dirime la calidad de nuestra democracia: entre el respeto de la libertad de creencias y de conciencia de las mujeres para decidir si, cuándo y cómo tener hijos, y el freno al debate que opera como censura retardataria desde las distintas pero coincidentes altas esferas del poder político y religioso que subordinan el destino de las mujeres de todos los credos (o de ninguno) al suyo personal. Las acciones convergen y se aúnan en nuestra constante exigencia para lograr que se debata y apruebe en el Congreso Nacional. Se saldará así una deuda de la democracia para con los derechos humanos de las mujeres.

1. Martha I. Rosenberg.
Médica, psicoanalista. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

2. Elsa L. Schvartzman
Socióloga, docente-investigadora UBA. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito


 
 
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