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  La presentación del presupuesto ha dejado en claro hasta qué punto el Gobierno Provincial se ha subordinado a las políticas que imponen desde Nación. La fuerza de las presiones y amenazas de multas y sanciones a las provincias que se muestren díscolas a la hora de acompañar la política económica dictada por Buenos Aires, parece haber arrojado sus frutos.

Como si se tratara de una confesión de culpa, el propio gobierno provincial ha presentado el texto del Presupuesto 2018 acompañado de un análisis crudo de la situación económica y de las consecuencias que tienen las políticas que implementa el gobierno nacional, reconociendo que está presentando un presupuesto de “ajuste” en sintonía con lo que le han exigido desde la Casa Rosada.

“El punto más acuciante respecto del futuro del país viene dado por un crecimiento exponencial del endeudamiento externo” puede leerse en el documento presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia por el gobierno local “el cual viene a disimular temporalmente la ya inocultable inconsistencia macroeconómica derivada de un dólar demasiado bajo, y un déficit público demasiado alto. De hecho, el endeudamiento viene a convertirse en una variable endógena del problema, en tanto mayor endeudamiento genera una menor presión devaluatoria, lo que a su vez deteriora el resultado de la Cuenta Corriente Internacional y genera la necesidad de tomar nueva deuda”.

Más adelante, el texto explica que “esta espiral determinó que el ahorro obtenido como consecuencia de los recortes en los subsidios y las mejoras en los procedimientos de compra por parte del Estado se redireccionaran hacia mayores pagos de intereses, en lugar de generar un ahorro real para la economía. A nivel provincial, el contexto estuvo marcado por eventos climáticos catastróficos, que impidieron a ciertos sectores económicos desplegar todo su potencial y aprovechar los todavía buenos precios relativos. Los incendios primero, y las inundaciones después, complicaron el entramado productivo primario de la provincia”.

Por último, el Gobierno Provincial explica que nos encontramos ante un proceso “todavía en ciernes” que tendrá “fuertes consecuencias en términos fiscales”, aludiendo a las reformas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri y que terminarán repercutiendo de forma negativa en la provincia a partir del próximo año. El propio ministro de Economía, Ernesto Franco, ha reconocido que desde que asumió el nuevo gobierno en 2015 los ingresos provinciales provenientes de Nación se deterioraron en términos reales en torno al 17 por ciento.

Esta situación, como no podía ser de otra manera, afecta de forma directa a los docentes pampeanos, ya que nos encontramos ante una política de ajuste estructural del estado que toma decisiones de forma unilateral, sin pasar siquiera por la paritaria provincial, y que se está traduciendo en:
  • Reducción y flexibilización de puestos de trabajo: Bajo la fachada de la “creación de nuevos cargos”, lo que hacen es extender y desdoblar en turnos la carga horaria sin su correspondiente incremento salarial, y así “ahorrarse” la designación de otro trabajador (Por ejemplo: Asesores Pedagógicos y Referentes Tecnológicos. Cuando reglamenten el “nuevo” cargo de “Docente de Apoyo a la Inclusión” tendremos posiblemente un tercer ejemplo.)
  • Una política persecutoria en materia de lo que ellos denominan “uso inapropiado de licencias por largo tratamiento”. Ello se traduce en una pérdida de derechos, justificada sólo en un par de hechos puntuales que se han preocupado de ventilar de forma ostentosa ante la prensa local.
  • Agravamiento del Déficit Previsional, que el propio Ministro Franco insiste en que es de 431 millones y que, según la Provincia, “lograron” que no les cobraran una multa de 9.8 millones. Hay que recordar que Nación pretende que la Caja provincial pase a la órbita del ANSES como un modo de asegurarse poder ajustar a la baja los ingresos de nuestros jubilados actuales y futuros, por lo cual es de suponer que esta política de hostigamiento a las provincias que todavía mantienen su autonomía no decaerá por más que gobierno provincial les asegure los votos en las actuales reformas en curso o en futuras que el gobierno nacional esté dispuesto a plantear.
  • Por último, en el artículo 38 del presupuesto se ratifica el decreto 2895 de adhesión al programa Enseñar y Aprender de Nación que llega hasta el año 2.021 y que no es más que la paulatina desarticulación de la Ley Nacional de Educación que está llevando a cabo el gobierno nacional, trasladando a las provincias los programas que antes eran nacionales, bajando de ese modo la cantidad de recursos disponibles que aseguren una educación de calidad y poniendo en serio riesgo la continuidad de esos programas y los puestos de trabajo que vienen aparejados a ellos.

En términos más generales, los docentes también nos veremos afectados por una situación de ajuste general en toda la provincia, ya que el Presupuesto dictado por Nación implica también menores recursos en todo el ámbito pampeano, incluyendo una caída sustancial de los ingresos de los municipios, que se verán afectados por diferentes reducciones de las transferencias que reciben en la actualidad.

 
 
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