No fue una casualidad; con toda intención, el mismo día en que se iniciaba en todo el país la Marcha Federal Educativa para exigir la apertura de la Paritaria Nacional Docente, el Presidente de la Nación Mauricio Macri y su Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, salieron a comunicar los resultados de las pruebas estandarizadas aplicadas el año pasado, conocido como “Operativo Aprender 2016”.

Dando muestras de toda una operación montada para seguir desprestigiando a la Educación Pública, el Presidente de la Nación utilizó los datos de una prueba que ya había sido cuestionada por nuestra organización sindical y por toda la docencia, tanto por su falta de validez metodológica y pedagógica como por el modo extorsivo con el que se impuso este operativo.

A todas las maniobras que viene desplegando este Gobierno para negar la Paritaria Nacional Docente, confrontar con los trabajadores de la Educación y agraviar a los Sindicatos que reclaman por las condiciones de trabajo y por el derecho a la Educación Pública, hay que sumarle, en este contexto, la frase reveladora del verdadero pensamiento fragmentario y excluyente del presidente, quien entiende que la sociedad se divide entre quienes “pueden ir a la escuela privada versus los que tienen que CAER en la pública”.

En este marco, la evaluación es una de las estrategias elegidas por este modelo de restauración conservadora que hoy gobierna para justificar todas las transformaciones que quieren imponer en el campo educativo desde una perspectiva meritocrática, estandarizante, mercantilista y privatizadora. Así, en las políticas educativas de la Alianza “Cambiemos” la evaluación se presenta como la solución a todos los problemas y como la posibilidad de alcanzar “la calidad educativa”.



Por el contrario, desde nuestra Organización Sindical sostenemos que la perspectiva de la evaluación que este Ministerio intenta imponer, como “rendición de cuentas” se reduce a controlar, medir y Secretaría de Educación – Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” rankear, para justificar los ajustes en educación, bajar la inversión estatal y reducir el presupuesto educativo. Todo ello con la clara intención de abonar el terreno para la privatización educativa y responder así a los intereses de las empresas que pretenden lucrar con la educación. En tiempos en que los sindicatos nacionales exigimos la discusión paritaria, el Gobierno decide hacer públicos sus resultados a través de la prensa hegemónica, sin publicar a la fecha el informe y menos aún discutirlo con los docentes en las instancias institucionales formales.

Una muestra clara de la operación montada es la “presentación” en sociedad de los resultados y el procesamiento mediático de los mismos, con el marcado objetivo de mostrar a la escuela estatal como ineficaz frente a la escuela privada, que, para este Gobierno, se constituye en el modelo a seguir.

Presentar los resultados de evaluaciones estandarizadas de este modo mediático es una verdadera decisión política. En los años anteriores no se publicaban datos “desagregados” sobre los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), porque este nivel de desagregación por provincia y por sector de gestión -estatal, privado- se utilizaba sólo al interior del sistema para que sean analizados con los protagonistas del hecho educativo y no para exponer y profundizar las diferencias de modo estigmatizante.



Está demostrado que la comparación estatal – privado no describe nada; es falaz si no se contempla el nivel socioeconómico de los alumnos que asisten a dichas escuelas. Si sólo se comparan escuelas estatales y privadas caemos en la falacia de pensar que el subsistema privado es mejor que el estatal cuando, en realidad, esa diferencia es consecuencia del nivel socioeconómico de la población. Cuando se hace esta distinción y se cruza con otras variables sociales, culturales, económicas o de condiciones materiales de las propias escuelas, puede verse que la diferencia estatal-privado no existe. Por ejemplo, si los niños o jóvenes viven en hogares con pocos libros, no importa si asisten a una escuela privada o estatal, el bagaje cultural y el acceso a la lectura es la que marca la diferencia.

Por esto es necesario exigirle al Ministerio de Educación y Deportes que procese y publique la información de las pruebas Aprender distinguiendo las múltiples categorías relevadas en sus “Cuestionarios de Contexto”, para demostrar cabalmente que la diferenciación estatal-privado no describe ningún “problema” en la educación argentina porque, tanto al interior de la escuela estatal como al interior de la escuela privada, encontramos amplia diversidad de situaciones que se relacionan directamente con el aprendizaje. Secretaría de Educación – Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”. La operación también se monta para “demostrar”, a como dé lugar, que los resultados educativos empeoraron, y, para ello, apelaron a cambiar la categorización... He aquí la trampa.



Para procesar los datos de las pruebas estandarizadas se realiza un procedimiento estadístico que se llama escalamiento, lo que permite “agrupar” las preguntas por nivel de dificultad; es decir, se constituyen grupos de preguntas que miden el mismo nivel de desempeño. Si se comete el error -intencional o no- de poner preguntas “difíciles” en el nivel de desempeño “bajo” o se las categoriza como “problemas matemáticos sencillos”, se engrosará siempre el porcentaje de estudiantes que se encuentren en esta categoría.

Asimismo, se rompe la comparabilidad, porque hasta 2013, las pruebas del ONE procesaban los datos en 3 niveles: alto, medio y bajo; equivalentes al “Muy satisfactorio”, “Satisfactorio” y “Regular”. Nótese que el Aprender 2016 ahora coloca 4 niveles de escalamiento: “Avanzado”, “Satisfactorio”, “Básico” y “Por debajo del nivel básico”.

¿Con qué criterios realizaron estos cambios metodológicos?, ¿cuál fue la intención? Evidentemente, la manipulación de los datos por parte de este Gobierno se ha tornado en una práctica política para construir un relato que justifique la destrucción de la escuela pública, la privatización del sistema y el avasallamiento de los derechos de Pueblo.

La CTERA entiende a la educación de calidad como un concepto polisémico, una construcción colectiva y una responsabilidad compartida, que no puede pensarse sin la garantía de la inclusión socioeducativa; y en ese sentido, la evaluación tiene que asumir su carácter eminentemente formativo y de acción político-pedagógica.

Secretaría de Educación – Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”